APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD. LA LEY 8/2021

LEY MEDIDAS APOYO PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El próximo 3 de septiembre de 2021 entrará en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (su texto completo puede encontrarse en el siguiente enlace https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9233), que viene a modificar el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, el Código de Comercio, la Ley del Registro Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley del Notariado.

El elemento sobre el que pivota la nueva regulación es el de apoyo a la persona que lo precise, apoyo que es un término amplio que engloba toda clase de actuaciones, desde el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo tipo, el consejo, o incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad, y sólo cuando el apoyo no pueda darse de otro modo éste podrá consistir en la representación en la toma de decisiones. A la hora de concretar los apoyos la nueva regulación otorga preferencia a las medidas voluntarias, esto es, a las que puede tomar la propia persona con discapacidad, entre las que adquieren especial importancia los poderes y mandatos preventivos, así como la posibilidad de la autocuratela.

La institución objeto de una regulación más detenida es la curatela, que se convierte en la principal medida de apoyo de origen judicial para las personas con discapacidad. Como principio de actuación y en la línea de excluir en lo posible las actuaciones de naturaleza representativa, la curatela será, primordialmente, de naturaleza asistencial pero no obstante, en los casos en los que sea preciso y solo de manera excepcional, podrá atribuirse al curador funciones representativas. Se eliminan del ámbito de la discapacidad no sólo la tutela, sino también la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada y, también, la prodigalidad como institución independiente, y, por contra, se refuerza la figura de la guarda de hecho, que se transforma en una propia institución jurídica de apoyo, al dejar de ser una situación provisional cuando se manifiesta como suficiente y adecuada para la salvaguarda de los derechos de la persona con discapacidad; la realidad demuestra que en muchos supuestos la persona con discapacidad está adecuadamente asistida o apoyada en la toma de decisiones y el ejercicio de su capacidad jurídica por un guardador de hecho –generalmente un familiar–, que no precisa de una investidura judicial formal. Para los casos en que se requiera que el guardador realice una actuación representativa, se prevé la necesidad de que obtenga una autorización judicial ad hoc, de modo que no será preciso que se abra todo un procedimiento general de provisión de apoyos, sino que será suficiente con la autorización para el caso, previo examen de las circunstancias.

Todas las medidas de apoyo adoptadas judicialmente serán revisadas periódicamente en un plazo máximo de tres años o, en casos excepcionales, de hasta seis. En todo caso, pueden ser revisadas ante cualquier cambio en la situación de la persona que pueda requerir su modificación.

También en materia procesal la reforma es profunda; a este respecto y en aras a no extendernos más de lo que este artículo permite destacaríamos los siguientes aspectos:

Se opta por la jurisdicción voluntaria de manera preferente, sin perjuicio de que, de existir oposición, el procedimiento se transforme en uno contradictorio.

El procedimiento de provisión de apoyos solo puede conducir a una resolución judicial que determine los actos para los que la persona con discapacidad requiera el apoyo, pero en ningún caso a la declaración de incapacitación ni, mucho menos, a la privación de derechos, sean estos personales, patrimoniales o políticos.

En los procedimientos judiciales en que intervengan personas con discapacidad, éstas tienen derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba realizarse, debiendo realizarse, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal o de cualquiera de las partes, las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad.

Se permite la presentación de alegaciones por aquella persona que en la demanda aparezca propuesta como curador de la persona con discapacidad, y se admite la intervención a su costa en el proceso de cualquiera de los legitimados que no sea promotor del procedimiento o de cualquier sujeto con interés legítimo, evitando así que se generen situaciones de desigualdad entre los familiares de la persona con discapacidad, como sucedía con anterioridad, donde unos podían actuar con plenitud en el proceso dada su condición de parte y otros, en cambio, solo podían ser oídos en fase de prueba.

Se prescribe el nombramiento de un defensor judicial cuando la persona con discapacidad no comparezca en el plazo concedido para contestar a la demanda, con su propia defensa y representación.

En definitiva, la reforma traída por la Ley 8/2021 supone el cambio del viejo sistema de incapacitación civil, en el que predominó la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a éstas, por otro basado en el respeto a la voluntad y los deseos de la persona con discapacidad, quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones, así como en los principios de necesidad y proporcionalidad de las medidas de apoyo que, en su caso, pueda necesitar esa persona para el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. Se trata de una reforma de un enorme calado y que, sin duda traerá otras más.

Autor: Luis García Martínez de Simón, abogado en Liveritas Abogados

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