¿ESTÁN OBLIGADOS LOS CICLISTAS A REALIZAR LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ALCOHOL?

Considerando el gran número de víctimas que los accidentes de tráfico producen cada año, con el importante coste personal que estos provocan en el seno de las familias y el coste económico que representa para las arcas del Estado y para las aseguradoras, en nuestra sociedad la seguridad del tráfico es crucial. Y para prevenirlos no bastan las políticas sociales de educación vial, ni tampoco la aplicación de duras sanciones administrativas, debiendose acudir igualmente sanciones penales para ciertos supuestos. Es por ello que el Código Penal contempla y castiga determinados supuestos de hecho, entre los que se encuentra la negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol y/o drogas: el artículo 383 del Código Penal establece que «El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años«, figura que ha sido muy criticada y calificada de inconstitucional, pero el Tribunal Constitucional ha declarado que no lo es en sus sentencias 103/1985, 76/1990 y 161/1997; en ellas nuestro Tribunal Constitucional entiende que el deber de someterse al control de alcoholemia no puede considerarse contrario al derecho a no declarar, y no declarar contra sí mismo, y a no confesarse culpable, pues no se obliga al detectado a emitir una declaración que exteriorice un contenido, admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se le haga objeto de una especial modalidad de pericia, exigiéndole una colaboración no equiparable a la declaración comprendida en el ámbito de los derechos proclamados en los artículos 17.3 y 24.2 de la Constitución Española.

Supongamos que conduzco una bicicleta en una vía pública y un agente de la autoridad me requiere la realización de pruebas de detección de alcohol y/o drogas, cabe preguntarse ¿estoy obligado a prestarme a ello? ¿cometo un delito si me niego?

El artículo 21 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, establece que:

«Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación (artículo 12.2, párrafo primero, del texto articulado). Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a dichas pruebas:

a) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como posible responsable en un accidente de circulación.

b) A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

c) A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las normas contenidas en este reglamento.

d) A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por la autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad«.

Consiguientemente, también los conductores de una bicicleta están obligados a someterse a las pruebas de detección de alcohol.

¿Y no hacerlo supondra que se comete un delito? Pues sí. Nuestro Tribunal Supremo, Sala Segunda, en sentencia 3/1999 de 9 de diciembre consideró que la negativa a realizar la prueba de alcoholemia será delito en los siguientes casos: en los supuestos de los apartados a y b del mencionado Real Decreto 1428/2003; y también en los supuestos c y d si los agentes que pretenden llevar a cabo la prueba advierten en el requerido síntoma de estar conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas y así se lo hacen saber al requerido.

A la vista de lo cuanto aqntecede puede afirmarse que también los ciclistas pueden encontrarse obligados a someterse a pruebas de detección de alcohol, y cometer un delito si no se prestan a ello.

Luis García Martínez de Simón, abogado en Livéritas Abogados

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