NO RESPETÉ EL CONFINAMIENTO Y ME MULTARON ¿QUÉ HACER?

Son muchas las multas impuestas a quienes no respetaron el confinamiento decretado por el Gobierno de España (se dice que superaron con creces el millón), y desde que empezaron a imponerse muchos expertos han discutido su oportunidad y, lo que es más importante, su constitucionalidad. Y hoy precisamente nuestro Tribunal Constitucional ha venido a declarar nulos por inconstitucionales los apartados 1, 3 y 4 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El artículo 19 de la Constitución Española establece que “Los españoles tienen derecho … a circular por el territorio nacional”. Se trata de uno de los derechos fundamentales que reconoce nuestra Constitución.

Nuestros derechos fundamentales, lejos de ser ilimitados, están sujetos a límites, que pueden ser explícitos (los expresamente previstos en el ordenamiento jurídico) o implícitos (los impuestos por la propia lógica del ejercicio de los derechos; a este respecto el Tribunal Constitucional, en su sentencia 11/1981 de 8 de abril, afirma que “tampoco puede aceptarse la tesis del recurso de que los derechos reconocidos o consagrados por la Constitución sólo pueden quedar acotados en virtud de límites de la propia Constitución o por la necesaria acomodación con el ejercicio de otros derechos reconocidos y declarados igualmente por la Norma Fundamental … La Constitución establece por sí misma los límites de los derechos fundamentales en algunas ocasiones. En otras ocasiones el límite del derecho deriva de la Constitución sólo de una manera mediata o indirecta, en cuanto que ha de justificarse por la necesidad de proteger o preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionalmente protegidos). Ahora bien, nuestros derechos fundamentales, entre los que se incluye el de libre circulación, sólo pueden ser limitados mediante ley orgánica y respetando su contenido esencial; así lo exigen los artículos 53.1 y 81.1 de nuestra Constitución.

El artículo 55 de nuestra Constitución permite suspender el derecho a circular por el territorio español “cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución”. Consiguientemente, el derecho de todo español a circular libremente por el territorio nacional puede ser limitado si se declara un estado de excepción o de sitio, pero no en el caso de un estado de alarma, pues nada se dice a este respecto. Sin embargo el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio vino a establecer que el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes: a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos” y, con base en esto, el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 vino a impedir que circulemos por las vías públicas de todo el territorio nacional, salvo que esto sea para alguna de estas actividades: acompañar a personas con discapacidad, mayores o menores; adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial; retorno al lugar de residencia habitual; asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; desplazamiento a entidades financieras y de seguros; por causa de fuerza mayor o situación de necesidad; cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada. Igualmente permite la circulación de vehículos particulares por las vías públicas para la realización de las actividades antedichas o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. Cabría preguntarse por la constitucionalidad de un artículo ya tan antiguo como el 11 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, pero aquí me centraré en tratar de entender si el artículo artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 lo es, si era conforme a la constitución o si, por el contrario, no siéndolo, deberá reputarse inconstitucional y, consiguientemente, no aplicable.

Mi opinión (vaya por delante que se trata de una cuestión muy opinable, aunque también debo decir que coincido con el parecer de muchos juristas, algunos de ellos de reconocido prestigio) es, como ya expresé hace más de un año en otro artículo anterior (https://cej-abogados.es/es-legal-que-me-multen-si-me-salte-el-confinamiento/) que el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 no es conforme a nuestra Constitución. En primer lugar porque limita nuestro derecho a circular libremente y, de conformidad con los artículos 53.1 y 81.1 de la Constitución Española, esto sólo puede hacerse mediante una ley orgánica. Y en segundo lugar, vista la regulación contenida en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio (el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes: a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos”), lo que el hace el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 no es simplemente limitar, en cuanto a horas, lugares o condiciones, nuestro derecho a circular libremente sino suspenderlo (la limitación prevista, que sólo permite unas pocas actividades consideradas esenciales, es tan amplia que el contenido esencial de tal derecho desaparece, y por tanto no es una verdadera limitación sino que el derecho queda virtualmente suspendido), y esto, visto el contenido del artículo 55.1 de la Constitución Española (“Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. ”), sólo era posible declarando un estado de excepción o de sitio, pero no mediante un estado de alarma. Y así lo entiende ahora nuestro Tribunal Constitucional, que por ello anula, por inconstitucionales, los apartados 1, 3 y 4 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La consecuencia inmediata de la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional es que no podrá sancionarse el incumplimiento de los antedichos apartados del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y todas las multas impuestas a este respecto deberán ser tenidas por nulas, y dejadas sin efecto, con devolución de su importe e intereses, si ya se cobraron.

Luis García Martínez de Simón, Liveritas Abogados

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