ORIENTACIÓN SEXUAL Y DISCRIMINACIÓN

En 2019 la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) realizó una macroencuesta entre 140.000 personas del colectivo LGTBI de países de la Unión Europea, Reino Unido, Serbia y Macedonia; sus conclusiones, publicadas en 2020, fueron que tales personas, pese a los avances alcanzados en los últimos años, continúan enfrentándose a elevados niveles de discriminación. La encuesta también mostró que la visibilidad de estas personas se ha incrementado sustancialmente en los últimos años: un 47% (frente al 36% en una encuesta similar de 2012) respondió que siempre o a menudo se muestra tal y como es con la familia, los amigos, los vecinos, el trabajo o el médico, porcentaje que en España ascendió al 53%, siendo el nuestro uno uno de los seis países con mayor visibilidad, superado sólo por Luxemburgo, Suecia. Bélgica, Dinamarca y Países Bajos. Pese a todo, seis de cada diez personas del total de la muestra que tiene pareja revela que siempre o a menudo evita darse la mano en público con alguien de su mismo sexo por miedo; por otro lado, un 32% de los encuestados afirmó que siempre o a menudo deja de acudir a determinados lugares o espacios.

Pese a que hoy por hoy gozan de una mayor protección legal y de más visibilidad las personas LGTBI continúan claramente discriminadas

Sin perjuicio de ello y pese a que, como se desprende de la mencionada encuesta, aún queda un largo camino por recorrer antes de alcanzar una verdadera igualdad, es obvio que los avances para acabar con dicha discriminación han venido propiciados en gran medida por los cambios legislativos habidos, tanto a nivel internacional como, en nuestro caso, a nivel nacional y autonómico.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada y ratificada por nuestro país, afirma que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” y que es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho”, y declaró en su artículo 1 que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (cabe reseñar que este artículo se inspira en el célebre lema de la Revolución Francesa Libertad-Igualdad-Fraternidad), en su artículo 2 que “Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” y en su artículo 7 que “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. En similares términos se expresan otros instrumentos internacionales de índole regional como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

En la Unión Europea la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se publicó en 2007, excluye cualquier discriminación. Su artículo 21 viene a establecer que Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual, prohibición que informa toda la normativa de la Unión Europea y, a la postre, de los Estados Miembros.

En lo que se refiere a nuestro país el artículo 14 de la Constitución Española establece que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, por lo que debe prevalecer una absoluta igualdad de trato en todos los ámbitos.

Tanto la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como la Constitución Española prohíben cualquier forma de discriminación.

Uno de los ámbitos en que la discriminación está más presente es el laboral. A este respecto el Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 4 que “En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: … A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español”, en su artículo 17 que “Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado español” y que “Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación”, y en su artículo 55 que “Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley”. En definitiva, en nuestro país y en el ámbito laboral se prohíbe cualquier discriminación por razón de la orientación o condición sexual de la persona y todo contrato, orden o despido que sea discriminatorio es nulo.

Nuestro Código Penal sanciona las conductas discriminatorias más graves. A este respecto cabe citar, entre otros, los siguientes preceptos penales: el artículo 22, que establece que es circunstancia agravante cometer el delito por motivos de discriminación referente a la orientación o identidad sexual; el artículo 314, que castiga a quienes produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su situación familiar, orientación o identidad sexual y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado; el artículo 510, que castiga a quienes fomenten, promuevan o inciten, directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo o una persona por pertenecer a éste por razón de su sexo, su orientación o identidad sexual, o lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de esos grupos, de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos o por su sexo, orientación o identidad sexual; el artículo 511, que castiga con pena de prisión, multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público al encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su orientación o identidad sexual, y también cuando los hechos se cometan contra una asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de la orientación o identidad sexual; o el artículo 515, que castiga por asociación ilícita con pena de prisión y multa a los miembros de asociaciones que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su orientación o identidad sexual.

También en materia civil hubo cambios importantes en nuestro país. Cabe citar el artículo 44 del Código Civil, introducido por ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio y que establece que El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo, o la ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, según la cual Toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo. La rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la persona, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral”. Además viene tramitándose en la actualidad unaley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, cuya aprobación se prevé para muy pronto.

En el ámbito deportivo la ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo la xenofobia y la intolerancia en el deporte, prohíbe y sanciona conductas tales como las siguientes: que, con ocasión de una prueba deportiva, se emitan declaraciones o se transmitan informaciones en cuya virtud una persona, o un grupo de personas, sea amenazada, insultada o vejada por razón de su orientación sexual; que se realicen conductas no deseadas relacionadas con la orientación sexual de una persona que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo; o que se introduzcan, exhiban o elaboren pancartas, banderas o símbolos que amenacen, insulten o vejen a una persona o grupo de personas por razón de su orientación sexual.

También a nivel autonómico se aprobaron importantes normas jurídicas dirigidas a luchar contra la homofobia. Entre ellas citaremos, por su importancia: la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia de la Comunidad Autónoma de Cataluña; la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, y también la ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía; y la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid. Otras comunidades autónomas como Galicia, Valencia o Islas Baleares también legislaron sobre esta cuestión.

Qué duda cabe que la mayor visibilización del colectivo LGTBI y los esfuerzos de legisladores y administraciones públicas ayudarán a acabar con esta discriminación, haciendo de ésta una sociedad más libre y justa.

Autor: Luis García Martínez de Simón, abogado en Liveritas Abogados

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