Si mis ingresos disminuyeron, ¿puedo pedir que se reduzca la pensión de alimentos?

Según los datos ofrecidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, en 2019 se presentaron 109.567 demandas de divorcio y separación ante los juzgados españoles; muchas de esas demandas, probablemente la mayoría, terminaron en sentencias que establecían la obligación de uno de los cónyuges de pagar alimentos para los hijos.

En la actual coyuntura económica, con nuestra economía casi paralizada y una alarmante cantidad de despidos y cierres de negocios, son muchos los que se preguntan cómo van a pagar la pensión de alimentos en el muy probable caso de que sus ingresos disminuyan (algunos clientes me cuentan que van a ser despedidos, o que les incluyeron en un ERTE, o que están pensando en cerrar su pequeña empresa, …). A este respecto cabe decir que, visto el contenido del artículo 91 del Código Civil, las medidas establecidas en las sentencias de separación o divorcio en relación a los hijos (lo que incluye, obviamente, la pensión de alimentos de estos) podrán ser modificadas judicialmente cuando se hubieren alterado sustancialmente las circunstancias que movieron a adoptarlas (dicho artículo establece que las medidas adoptadas en relación con los hijos, la vivienda familiar o las cargas del matrimonio “podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias”).

Nuestros tribunales (a título de ejemplos: la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 22ª, de 4 de julio de 2019; la sentencia de la Audiencia Provincial de Orense, Sección 1ª, de 22 de mayo de 2019; la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 7ª, de 16 de mayo de 2019; y la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 10ª, de 10 de julio de 2018), a la hora de acceder a la modificación pretendida, exigen que se den ciertas condiciones (deben darse todas y cada una de ellas; si faltare cualquiera de ellas el juez no deberá acceder a la modificación de las medidas vigentes pretendida), que son:

-1. Que se haya producido un cambio objetivo en la situación que se consideró al tiempo de establecer la medida en cuestión.

-2. Que dicho cambio sea de suficiente entidad, esencial; una pequeña disminución de los ingresos del demandante no justificará que se reduzca, ni tan siquiera proporcionalmente, la pensión de alimentos.

-3. Que el cambio no resulte coyuntural o episódico sino, muy al contrario, permenente en el tiempo, cuando menos en apariencia (que nos bajen el salario durante sólo algunos no justificará la modificación de la pensión de alimentos).

-4. Que el cambio sea imprevisto e imprevisible; no procede la modificación de la medida cuando, al tiempo de ser adoptada, ya se tuvo en cuenta el posible cambio de circunstancias, o al menos se pudo alegar por las partes, y no se hizo así

-5. Que el cambio no sea consecuencia de un acto propio y voluntario de quien solicita la modificación, esto es, que sea ajeno a la voluntad de éste.

El procedimiento legalmente previsto para solicitar que se reduzca el importe de la pensión alimenticia es el de modificación de medidas regulado en el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que sigue los trámites del juicio verbal, tendrá una duración parecida a que tuvo el procedimiento de divorcio y requiere, como éste, de abogado y procurador. La prueba de la alteración sustancial y de las condiciones antedichas corresponderá, lógicamente, al demandante, esto es, a quien solicite que se le reduzca la pensión.

En la actual coyuntura económica, en la que sin duda muchas personas verán seriamente disminuidos sus ingresos económicos sin perspectiva de mejora a corto plazo, es seguro que muchos progenitores obligados por sentencia de separación o divorcio al pago de una pensión de alimentos cumplirán las condiciones necesarias para obtener la reducción de ésta. Llegado el caso dichas personas deberán ponerse en manos de un abogado experto en estas lides de cara a solicitar que se les reduzca la pensión de alimentos hasta una cuantía que, efectivamente, puedan pagar; no hacerlo desembocará muy probablemente, pasado el tiempo, en impagos y ejecuciones de sentencia con condenas en costas que pudieron evitarse.

Luis García Martínez de Simón, socio de LIVERITAS Abogados

Luis García Martínez de Simón, Liveritas Abogados

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